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Columna
El puercoespín 

La Fiscalía General de la República tiene en la mira a miembros de la comunidad científica que abusaron de las formas legales para apropiarse de dinero público. 

El Ministerio Público Federal señaló que las acciones cometidas por los investigadores y ex funcionarios se consideran un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan. La negativa del juez se da a pesar de que los miembros del  Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) convirtieron la organización en una empresa y “utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha firma privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos.

 La FGR declaró:” ya que un estatuto interno emitido ad hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por las leyes de Ciencia y Tecnología y la Orgánica del propio Consejo, que son obligatorias para ellos, consideran el foro como un órgano interno de esa institución y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en empresa privada y obtenga fondos, beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las normas ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”.

En forma sintética los científicos del Conacyt convirtieron el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico en una empresa privada y se aprovecharon de los recursos públicos para su beneficio personal, y eso aquí y en China, es un robo al erario. Y la forma de hacerlo fue a través de la asociación  delictuosa.

El esquema es muy parecido a los utilizados por los municipios y gobiernos de los estados denominadas asociaciones públicas y privadas donde el esquema para robar  consiste en que las entidades públicas, dígase estados y municipios, ponen los recursos y asumen las pérdidas y los empresarios reciben los recursos económicos –bienes muebles e inmuebles- y las ganancias. Y además las pérdidas son para los gobiernos estatales y municipales y las ganancias para los empresarios. En pocas palabras adueñarse del dinero público. En Villa de álvarez tenemos el caso paradigmático del cementerio Bosques del Edén.

Pero lo grave es que los defensores de la corrupción –el Prian y los medios masivos de comunicación- han asumido la defensa de estos presuntos delincuentes bajo las mismas premisas de siempre, por cierto muy predecibles, de invocar la persecución política y de señalar que no se les puede acusar porque son científicos. Es decir que por el solo hecho de ser científico tienen todo el derecho de delinquir y no ser molestados en su persona.  

Y todavía más grave el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, de filiación prianista, salió en la defensa de estos personajes y pidió  respeto a sus personas solo por el hecho de ser científicos. Podrán ser científicos y todo, pero todo apunta a que son muy ratas.

Y para colmo la jefa de Gobierno de la CDMX, de filiación morenista, dijo que se trataba de un exceso el acusar a estas personas de delincuencia organizada.

Tanto Enrique Graue como Claudia Sheinbaum tiene un vínculo muy cercano a estos personajes y aun siendo militantes de partidos y organizaciones políticas diametralmente opuestas, en el fondo, coinciden cuando se trata de defender las mafias gremiales. En este caso a una parte podrida de la comunidad científica.

Sería bueno aclararles a estos políticos  que no se está agrediendo ni acusando a todos los científicos sino en particular a unos presuntos delincuentes que cometieron excesos y abusaron de los recursos del Estado que nos pertenecen a todos los mexicanos.

No cabe duda que la sociedad política mexicana no acaba de entender que los rateros, así sean de sus comunidades -caras a sus intereses y cercanías- deben de ser tratados por igual.

No olvidemos que la estafa maestra involucra a gran cantidad de funcionarios de universidades públicas dirigidas por académicos y políticos ligados a la academia. Colima no escapa a estos fenómenos de corrupción, y pronto, veremos cómo impactan estos vínculos con nuestra propia crisis regional.

En esta lucha contra la corrupción, la verdad, es que tiene muchos laberintos y los políticos defienden a sus cercanos como una forma de clientelismo y falsa honorabilidad.

Lo cierto es que la corrupción debe ser combatida en donde se encuentre y nadie debe quedar a salvo o en un régimen especial de trato. Los rateros deben de ser castigado así vistan batas pulcras de científicos y proyecten imágenes impecables porque en el fondo no son otra cosa que sepulcros blanqueados.

Este caso demuestra que la corrupción ha corroído a todos los sectores y niveles. La consigna debe ser limpiar la casa caiga quien caiga, pues de otra manera no se podrá luchar de verdad contra la corrupción. En esta tarea no hay medias tintas. 

Fuente

Diarios de Colima

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