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Colima, México, Avanzada (06/07/2020).- Tanto el Congreso del Estado, como el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) en Colima no cuenta con ninguna estrategia activa que permita fiscalizar los recursos públicos destinados para atender la emergencia por el Covid-19.
Tras una revisión de las acciones de vigilancia y fiscalización iniciadas desde los Congresos, la organización Transparencia Mexicana identificó que solo uno de 33 órganos de fiscalización superior anunció el inicio de un programa de auditoría especial derivado de la pandemia y sus consecuencias económicas.
El único órgano que se encuentra vigilando el uso de los recursos es el de Sonora, que a petición de la gobernadora, Claudia Pavlovich, inició cuatro auditorías en tiempo real vinculadas a Covid-19.
Transparencia Mexicana expuso que a más de dos meses del inicio de la pandemia, y pese a crecientes controversias sobre el manejo de los recursos públicos vinculados con la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, “sorprende que ningún órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de auditorías especiales, y que sólo un órgano de fiscalización, el de Sonora, lo haya hecho a petición del Poder Ejecutivo del Estado”.
Asimismo, la organización explicó que en una pandemia, la fiscalización del gasto público, y especialmente la fiscalización en tiempo real es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales, se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios o se desvíen recursos públicos escasos con fines político-electorales.
Explicó que en el caso de los Congresos –entre ellos el de Colima- no se crearon comisiones especiales para fiscalizar el dinero de la pandemia.
En el caso de Colima, el Gobierno del estado creó un micrositio para informar las compras hechas para atender la emergencia sanitaria. Informó que se destinaron 100 millones de pesos para la adquisición de diversos insumos, entre ellos 50 ventiladores para los cuales se asignaron 49 millones de pesos.
Sin embargo, según información de la propia secretaría de Salud, Leticia Delgado Carrillo la empresa a la que le otorgaron la adjudicación directa, no cumplió con el acuerdo y por lo tanto, sólo se le comprarían 20 ventiladores.
