Aprueba Congreso financiamiento para C5i, Palacio de Gobierno y atender Covid-19 – Archivo Digital Colima


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*Con el voto unánime de los 15 diputados presentes de todas las fracciones políticas

Con el voto unánime de los diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado (Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alanza, PVEM, PRI, PAN y la diputada independiente) , el Poder Legislativo aprobó la solicitud del titular del Poder Ejecutivo, para contratar uno o más créditos hasta por 740 millones de pesos que permitirá financiar el proyecto de C5i, atender la epidemia de Covid-19 y concluir la restauración de Palacio de Gobierno.

Elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el dictamen a favor de la contratación del o los financiamientos, reconoce que éstos se requieren por la disminución de ingresos y por los efectos de la emergencia sanitaria.

Con el financiamiento autorizado a contratar, el Gobierno del Estado destinará 500 millones de pesos para la conclusión del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), 176 millones de pesos para inversiones en materia de atención a la salud y 46 millones para concluir el proyecto de restauración del Palacio de Gobierno.

Los restantes 18 millones de pesos serán para los gastos y costos derivados de la contratación de los créditos, como lo establece el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el cual fija un tope máximo de 2.5 por ciento.

La autorización de la contratación del o los créditos, señala que el plazo del financiamiento es por un periodo de hasta 20 años ó 240 meses ó 7 mil 300 días, a partir de la primera disposición del o los empréstitos.

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El Congreso del Estado ordenó al titular del Poder Ejecutivo del Estado le informe, dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración de los contratos de los créditos, el nombre de la institución financiera con la que celebró la operación, así como los montos o calendarios de disposición de los mismos.

El Ejecutivo del Estado de Colima también deberá informar a la Legislatura Local el momento de la contratación y de la primera o primeras dispersiones, siendo fundamental también conocer si todo fue pactado con una sola entidad o con varias, así como remitir los oficios en que conste el Registro Público Único a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera.

El dictamen destaca la intervención de una Comisión Especial de Seguimiento, conformada por el Diputado que presida la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, por el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, por quien presida el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la representación de una Organización de la Sociedad Civil, cuyo objetivo sea revisar temas de transparencia y rendición de cuentas.

En relación a la capacidad de pago y la fuente o garantía de pago, la comisión dictaminadora destacó como aspecto trascendental para determinar la capacidad de pago del Estado de Colima, el resultado de la medición más reciente de la cuenta pública del Sistema de Alertas, publicada en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

En ese sentido, la medición del Estado de Colima continua en nivel de Endeudamiento Sostenible, lo que significa que cuenta con el Techo de Financiamiento Neto más alto de conformidad a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, esto es, hasta el 15 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición.

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“Lo anterior es un claro indicador de que la entidad cuenta con capacidad de pago, por lo que puede contratar deuda sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas”, señala el dictamen.

La fuente y/o garantía de pago del financiamiento será un porcentaje de los recursos del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado de Colima, que desde el año 2002 cuenta con un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, que funge como mecanismo de pago de las obligaciones derivadas de la deuda pública directa.

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